República Dominicana retrocede en el Índice Mundial de Innovación | Pedro Lara
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El Índice Global de Innovación (GII, por sus siglas en inglés) es una herramienta que proporciona una medida detallada de la capacidad de innovación de los países. Es elaborado anualmente por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en colaboración con la Universidad de Cornell y el INSEAD (Escuela de Negocios).
El GII evalúa a los países a través de múltiples indicadores agrupados en varios pilares clave, que se dividen en dos grandes categorías: insumos y resultados de innovación.
El gobierno actual ha demostrado un enfoque marcado en beneficiar a las élites, destinando recursos que podrían impulsar el avance del país hacia grupos económicos, periodistas y empleados fantasma. Las instituciones destinadas a fomentar la innovación están utilizando los recursos en beneficio de intereses particulares y amistades.
Un ejemplo de esta situación es la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC), que el año pasado otorgó un contrato de 100 millones de pesos al hijo de la reconocida periodista Mariasela Álvarez. ¿Por qué estos contratos millonarios solo benefician a hijos de funcionarios y amigos empresarios de los mismos? ¿Es que solo esas personas están capacitadas?
Desde el propio gobierno se ha promovido la idea de que solo ellos y sus allegados, conocidos como los "popis de la Plaza de la Bandera", están capacitados para recibir contratos millonarios y beneficiarse del crecimiento económico del país. Mientras tanto, una gran cantidad de jóvenes capacitados emigran porque no ven oportunidades en una República Dominicana que, a pesar de haber tenido un crecimiento económico sostenible durante más de 20 años, no ofrece un futuro prometedor para ellos. Son miles los jóvenes que intentan emigrar.
Recientemente, la BBC publicó un reportaje preguntándose por qué los dominicanos se van de un país con "estabilidad política" y "crecimiento económico". La respuesta es sencilla: aquí solo una élite y los políticos de turno se benefician del crecimiento económico del país. Un ejemplo es el joven Joan Vidal, quien emigró a Dubái y se ha destacado allá. Vidal fue el único dominicano contratado para laborar en la Expo 2020 Dubái, a nivel de las oficinas corporativas, en el Departamento de Tecnología. La actividad se realizó en el año 2021. ¿Por qué estos jóvenes no obtienen los contratos millonarios que otorga el estado? ¿Por qué estos contratos solo benefician a los hijos de los funcionarios y periodistas vinculados al gobierno? El caso de Joan evidencia la falsedad de la retórica gubernamental de que solo ellos están capacitados. Este joven se ha destacado en Dubái, demostrando que hay talento dominicano más allá de las élites.
El dinero que debería invertir el gobierno en innovación se gasta en empleados fantasma y pagos a defensores del gobierno en redes sociales. Por ejemplo, la misma OGTIC, dirigida por Bartolomé Pujals, contrató a un grupo de tuiteros a los que les pagó más de 6 millones de pesos para hablar a su favor y del gobierno en esa red social. Muchas de las personas encargadas de instituciones relacionadas con la tecnología en el gobierno, más que expertos, son políticos. Por ejemplo, el encargado de los Centros Tecnológicos Comunitarios ni siquiera tiene un título universitario. No se discrimina que una persona sin título universitario no sea apta o experta en alguna área, pero este señor, antes de ser nombrado en esa posición, nunca había hablado ni escrito absolutamente nada acerca de tecnología.
Es urgente que se realicen cambios profundos para que los recursos del estado se destinen adecuadamente y se promueva el talento y la innovación en todos los niveles de la sociedad dominicana.
Se hizo millonario al abandonar la universidad: La Historia de Felipe Meneses
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Lula da Silva: De la Pobreza a Convertir a Brasil en la Novena Economía del Mundo
Bolsonaro llegó al poder con la promesa de combatir la corrupción y revitalizar la economía.
En 2022, los brasileños tuvieron que elegir entre continuar con un gobierno supuestamente honesto o regresar con el supuesto corrupto de Lula.
Lula no ha recurrido a las excusas del Covid o la guerra de Ucrania para justificar un mal gobierno.
Los políticos y las élites dominicanas serán los que se beneficiarán de la reforma fiscal
Una sentencia injusta contra Bernardo Candelario | Pedro Lara
63% de dominicanos cree la economía empeorará en los próximos meses | Pedro Lara
Pedro Lara
Recientemente, la encuestadora Sondeos reveló datos alarmantes sobre el estado de ánimo económico en la República Dominicana. Según su encuesta, el 63% de los dominicanos cree que la economía empeorará en los próximos meses. Este sentimiento de pesimismo se suma a una serie de desafíos económicos y sociales que enfrenta el país.
En un intento por aumentar los ingresos del estado, el gobierno dominicano ha propuesto una reforma fiscal. Esta medida busca incrementar la recaudación de fondos públicos a través de cambios en la estructura impositiva. Sin embargo, la efectividad de esta reforma es cuestionada por muchos ciudadanos, especialmente en un contexto de alto desempleo y descontento económico generalizado.
La tasa de desempleo en la República Dominicana es preocupantemente alta, lo que agrava la sensación de inseguridad económica. Un reciente reportaje de la BBC destaca que la mayoría de los dominicanos desean emigrar, impulsados por la dificultad de ascender económicamente en su propio país. La falta de oportunidades y la percepción de que solo una élite privilegiada se beneficia del crecimiento económico alimentan este deseo de buscar mejores horizontes en el extranjero.
El crecimiento económico de la República Dominicana parece estar concentrado en manos de unos pocos. Los beneficios económicos tienden a favorecer a los ricos y a aquellos con apellidos influyentes. Este fenómeno crea una brecha significativa entre las diferentes clases sociales, donde solo una minoría disfruta de las ventajas del progreso económico.
Además, un grupo que cobra del gobierno se destaca como beneficiario de las políticas económicas actuales. Estos individuos suelen ser fervientes defensores del gobierno ante cualquier crítica sobre la situación económica, protegiendo sus propios intereses y los de sus allegados.
La percepción negativa sobre el futuro económico del país es un llamado de atención para los formuladores de políticas. Es crucial que el gobierno considere las preocupaciones de los ciudadanos y trabaje en estrategias inclusivas que promuevan un crecimiento económico equitativo. Las reformas fiscales deben diseñarse de manera que no solo aumenten los ingresos del estado, sino que también fomenten la creación de empleo y la movilidad económica para todos los dominicanos.
La República Dominicana enfrenta un momento crítico en su historia económica. La combinación de una posible reforma fiscal, altos niveles de desempleo y una profunda desigualdad económica exige una respuesta integral y justa. Solo a través de políticas inclusivas y equitativas se podrá restaurar la confianza de los ciudadanos en el futuro económico del país.
Nuevo Código Penal de República Dominicana: Un Retroceso en Derechos Reproductivos y Responsabilidad Penal de las Iglesias | Pedro Lara
Pedro Lara
El reciente debate sobre el nuevo Código Penal en la República Dominicana ha suscitado controversias significativas, especialmente en dos áreas críticas: la despenalización del aborto en las tres causales y la responsabilidad penal de las iglesias. A pesar de los avances en derechos humanos y la igualdad de género a nivel mundial, el nuevo Código Penal dominicano representa un retroceso en estos aspectos fundamentales.
Despenalización del Aborto en las Tres Causales
Uno de los puntos más polémicos del nuevo Código Penal es la falta de despenalización del aborto bajo las tres causales: cuando la vida de la mujer está en riesgo, cuando el embarazo es resultado de una violación o incesto, y cuando el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida. Esta postura ha sido ampliamente criticada tanto a nivel nacional como internacional.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la criminalización del aborto no reduce la incidencia de abortos, sino que los empuja a ser realizados en condiciones inseguras, poniendo en riesgo la vida de las mujeres. En la República Dominicana, la prohibición total del aborto ya ha causado sufrimiento y muertes innecesarias. Mantener esta prohibición en el nuevo Código Penal no solo perpetúa esta realidad, sino que también va en contra de los compromisos internacionales de derechos humanos que el país ha asumido.
Organizaciones feministas y de derechos humanos han argumentado que la criminalización del aborto es una forma de violencia de género institucionalizada. No reconocer las tres causales es ignorar la realidad de miles de mujeres que enfrentan embarazos no deseados en circunstancias extremas, forzándolas a tomar decisiones desesperadas que podrían costarles la vida.
Responsabilidad Penal de las Iglesias
Otro aspecto controvertido del nuevo Código Penal es la exclusión de responsabilidad penal para las iglesias. Esto significa que las instituciones religiosas no serían responsables penalmente por delitos cometidos en su nombre o bajo su auspicio. Esta disposición es alarmante, dado el poder e influencia que las iglesias tienen en la sociedad dominicana.
La impunidad de las iglesias podría fomentar un ambiente donde se toleren abusos y violaciones de derechos humanos. Las instituciones religiosas, como cualquier otra organización, deben ser responsables de sus acciones y de las acciones de sus representantes. Esta falta de responsabilidad penal puede abrir la puerta a una serie de injusticias y abusos sin consecuencias legales.
El nuevo Código Penal de la República Dominicana, en su forma actual, representa un serio retroceso en términos de derechos reproductivos y justicia. La falta de despenalización del aborto en las tres causales y la exención de responsabilidad penal para las iglesias son dos aspectos que deben ser revisados y modificados. Es fundamental que las leyes del país reflejen un compromiso real con los derechos humanos y la igualdad de género, protegiendo la vida y la dignidad de todas las personas, independientemente de su género o creencias religiosas.
La sociedad dominicana merece un Código Penal que esté a la altura de los estándares internacionales de derechos humanos, que promueva la justicia y que garantice la protección y el bienestar de todos sus ciudadanos.
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